Informe Parcial de Violaciones a los
Derechos Humanos en Cuba 2004 Preparado para la Comisión de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Enero 2005
Represión contra los Defensores de derechos humanos
en Cuba
28/01/2005 | Directorio Democrático Cubano
Enero-Diciembre, 2004.
INTRODUCCIÓN
Si bien la represión política que existe en Cuba tiene su máxima expresión
dentro de las prisiones, no deja de ser importante el acoso, las detenciones
arbitrarias, e injusticias que se cometen sistemáticamente contra aquellos
ciudadanos que desde diferentes organizaciones independientes (y no
reconocidas por el gobierno de La Habana) defienden los derechos humanos. En
su mayoría estas personas, una vez que se unen a los esfuerzos de promover
las libertades y derechos inalienables de los cubanos, son expulsadas de sus
centros laborales o acosadas dentro de los mismos, sus familiares cercanos
son hostigados y amenazados, entre otras medidas punitivas por su actitud.
Cuando todas estas tácticas fallan contra la voluntad del activista entonces
el régimen solamente le ofrece dos alternativas: el exilio forzado o la
prisión.
En un informe confeccionado durante el año 2004 por la Fundación Cubana de
Derechos Humanos con sede en la Ciudad de Ciego de Ávila, Cuba, se analiza
el recrudecimiento de la represión contra los activistas de derechos humanos
en esa zona: “En la primera mitad del presente año, el gobierno castrista se
ha comportado tan represivo como de costumbre, enviando a sus horrendas
mazmorras a más de 20 activistas de derechos humanos y disidentes. Se
celebraron al menos tres vistas orales, se abrieron varios procesos, que se
encuentran actualmente en fase preparatoria, o lo que es lo mismo pendiente
de juicio, y en donde se involucra a una treintena de opositores pacíficos.
En la generalidad estos casos han sido fundamentados en causas fabricadas
por la policía política. La maquinaria de este terror político sin descanso,
trata de enervar todo asomo de pensamiento libre e independiente,
pretendiendo sofocar así todo lo que la tiranía considera nocivo para su
maltrecha salud.” (Informe de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, 12
de julio de 2004, Juan Carlos González Leiva).
El 20 de abril del 2004, la prensa independiente de Cuba denunció que las
organizaciones de masas, o sea las organizaciones creadas por el gobierno
cubano para aparentar que en Cuba existe una sociedad civil independiente,
comenzaron a realizar reuniones donde autorizaban a sus miembros a golpear a
los ciudadanos que hablaran en su presencia, pública o privadamente, acerca
de los derechos humanos o del Proyecto Varela, este último una iniciativa
ciudadana que ha presentado en Cuba más de 25,000 firmas de ciudadanos
cubanos exigiendo derechos conculcados. Las reuniones, de acuerdo al reporte
de la periodista independiente María López, comenzaron a efectuarse en el
Municipio de Santiago de las Vegas y poblados aledaños, en las afueras de La
Habana. Sin embargo, para la penúltima semana de abril, las reuniones se
realizaron en Municipios de la capital como Habana Vieja y Playa,
adicionando la frase: “cuando el ‘gusano’ esté bien golpeado, entonces
llamen a la policía”. (Lux Info Press. Cubanet).
Lo que a continuación presentamos es una breve síntesis de algunas de estas
prácticas en Cuba durante el año 2004. Cabe destacar las fuertes medidas
represivas por parte de la policía política contra numerosos activistas de
organizaciones como el Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación
Andrei Sajarov, cuyo presidente fue hostigado hasta ser llevado a prisión en
septiembre del 2004. También la campaña contra los miembros del Movimiento
Cristiano Liberación, promotores del Proyecto Varela, una iniciativa
ciudadana que a pesar de la represión ha logrado más de 25,000 firmas de
ciudadanos cubanos exigiendo derechos conculcados. Asimismo, fue fuertemente
reprimido el grupo coordinador de la oposición en Holguín y otras provincias
orientales, denominado Alianza Democrática Oriental por su trabajo en
defensa de los derechos del pueblo cubano en una zona de Cuba que es
conocida por el fuerte control de los órganos de la Seguridad del Estado. En
los ejemplos que presentamos a continuación se podrá constatar el alto
precio que pagan los activistas de derechos humanos y sus familiares por
luchar por el respeto de sus derechos y de los demás cubanos. Sin dudas, el
hecho de que a estas personas, en primer lugar sean despedidos de cualquier
trabajo que realicen para ganarse la vida, así como se le hostigue
permanentemente a su familia para que abandonen su labor, demuestra la
naturaleza del gobierno que impera en la Isla, y su incapacidad para tolerar
ideas diferentes a las que éste promueve. Muchos de estos activistas hoy se
encuentran engrosando las filas del largo presidio político cubano, y de
acuerdo al último reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, durante el año 2004, 21 activistas fueron
encarcelados, algunos ya han sido juzgados y otros permanecen en prisión en
espera de juicio. Existen también los casos de activistas que no han podido
resistir los mecanismos represivos contra ellos y sus familias, siendo
obligados a abandonar la Isla e ir al exilio.
I- Detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones contra activistas de
derechos humanos.
El 20 de diciembre se reportó que tres jóvenes activistas de derechos
humanos de la localidad de Puerto Padre en Las Tunas, fueron agredidos
físicamente por agentes de la policía política. Los activistas y miembros
del Movimiento Popular Democrático Cristiano “20 de Mayo”, Alexis Pérez
Ricardo, Yordanis Hernández y Angel Millán fueron interceptados, al regreso
de una actividad pro derechos humanos, a unos 50 metros de la casa de Pérez
Ricardo, por una veintena de personas de organizaciones gubernamentales que
coreaban consignas a favor del régimen que comenzaron a lanzarles piedras y
a golpearlos con palos. Hernández y Millán lograron escapar después de un
fuerte forcejeo con los agresores, sin embargo Pérez Ricardo fue golpeado
hasta caer al suelo sin conocimiento, con contusiones en la cabeza y graves
lesiones. De acuerdo a los informes de la familia del activista éste tuvo
que ser ingresado, y tendría que someterse a una operación por la fuerte
fractura en la tibia que sufrió. La golpiza fue encabezada por el agente de
la Seguridad del Estado en esa zona que se hace llamar Luis Romero, el
presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) Rafael Guerrero Cera
y el presidente de vigilancia del CDR José Ramón Pino. (Roberto García Cabrejas. APLO. Cubanet).
El 14 de diciembre en el Municipio de Ranchuelo, Provincia Villa Clara, fue
apedreada la casa del matrimonio de activistas de derechos humanos Orestes
Suárez Torres y Nancy González García, miembros del Partido Pro Derechos
Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. De acuerdo a las
informaciones provistas por el delegado en Cienfuegos del Movimiento
Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, Migue Meriño Cabrera, los
activistas habían colocado un cartel en la puerta de su casa con las
palabras del Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba: “No tengan miedo”. El
matrimonio, que se encontraba en la vivienda durante los hechos, se puso a
rezar hasta que el ataque pasó. De acuerdo a ellos, los agresores son
personas enviadas por el régimen para reprimirlos. (Félix Reyes
Gutiérrez, Cubanacán Press. Cubanet).
El 10 de diciembre se conoció la detención en la Provincia de Pinar del Río
de los activistas del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País Ramón
Díaz Suárez y Maday González Puentes, quien además es delegada de la
Fundación Elena Mederos en el Municipio de Viñales. Los activistas se
encontraban en los preparativos de la conmemoración del 10 de diciembre y
fueron interrogados por los agentes de la Seguridad del Estado que se hacen
llamar Mario y Beúne. A pesar de que los activistas se encontraban
detenidos, la actividad se realizó como planearon en el Municipio de San
Juan y Martínez. (Cubanet).
El 10 de diciembre el matrimonio de activistas de derechos humanos y
miembros del Colegio de Pedagogos Independientes en Colón, Matanzas, Inés
Guerra Ochoa y Juan Carlos Bueno Artola fueron detenidos a las 6:30 AM y
conducidos a la unidad de la PNR de esa localidad. En el lugar, dos agentes
de la Seguridad del Estado, que se hacen llamar Esquijarrosa y Roberto, les
levantaron actas de advertencias y los amenazaron con ir a prisión si
continuaban participando en actividades opositoras. (Roberto Santana
Rodríguez, Cubanet).
En una nota fechada 7 de diciembre, la prensa independiente dio a conocer el
hostigamiento del que ha sido víctima el activista de derechos humanos
Miguel Valdés Tamayo, quien fue condenado a 15 años de prisión en la causa
de marzo de 2003 y luego, por encontrarse enfermo se le dio una licencia
extra penal el 9 de junio de 2004. El activista en cuestión ha sufrido actos
de repudio, citaciones a unidades de la policía, amenazas directas e
indirectas por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Valdés Tamayo es
el presidente del Movimiento de Hermanos Fraternales por la Dignidad en
Ciudad de La Habana. Activistas de esta misma organización que han sido
detenidos por la policía política afirman que durante los interrogatorios,
los agentes han enviado mensajes y amenazas para el activista ex carcelado,
dejándole saber que debe 14 años de prisión. La represión que ha sufrido
Valdés Tamayo comenzó al siguiente día de su licencia extra penal, el 10 de
junio, fue víctima de un acto de repudio porque la policía política no
quería que éste residiera con su esposa en el Municipio de Arroyo Naranjo en
Ciudad de La Habana. (Roberto Santana Rodríguez, Cubanet).
Este mismo día 7 de diciembre, se dio a conocer la fuerte represión contra
activistas de derechos humanos en las ciudades de Santa Clara y Santo
Domingo en la Provincia de Villa Clara, para que no se realizaran
actividades conmemorativas por el 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, firmada en 1948. Según la información miembros del Movimiento
Democracia denunciaron el continua acoso que están padeciendo por parte de
la policía política en esa provincia para impedir las actividades
conmemorativas. (Diolexis Rodríguez Hurtado, Cubanacán Press. Cubanet).
El 6 de diciembre se informó que al activista del Partido Democrático 30 de
Noviembre Frank País en la Ciudad de La Habana, Vicente Coll Companioni, lo
expulsaron de su puesto de trabajo por negarse a participar en actividades
políticas gubernamentales en los horarios de trabajo y además negarse a
pagar el sindicato oficialista del sector de la salud, rama en la que el
activista se desempeñaba. De acuerdo a informes dados a Lux Info Press se
calcula que en los últimos tres años cerca de tres mil activistas de
derechos humanos, sindicalistas y opositores han sido expulsados de sus
centros laborales. (Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País. Lux Info Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 3 de diciembre el activista de derechos humanos en Placetas, Villa Clara,
José Antonio Pérez González, quien funge como miembro del Movimiento
Cristiano Liberación en esa localidad, fue amenazado por la policía política
en su residencia, sita en 4ta del Este No. 63 entre 2da. y 3ra. del Sur,
horas después de haber asistido al segundo juicio político contra un joven
placeteño. Pérez González dijo a la prensa independiente que se personaron
en su vivienda dos policías, uno llamado Julio y otro de nombre desconocido.
El agente Julio le manifestó al activista que estaba incitando a la
rebelión, porque en el primer juicio sólo él estuvo presente, pero en éste
había llevado a otros cinco opositores, por lo que debía atenerse a las
consecuencias. (María Elena Alpízar, Grupo Decoro, Cubanet).
Ese mismo día se reportó que los activistas de derechos humanos y miembros
la organización Hermanos Fraternales por la Dignidad en La Habana, Armando
Oliva Alméndiz, Amilcar Paredes Pérez, y Pedro Fernández Polanco fueron
citados a la estación de policía de Capri, en el Municipio Arroyo Naranjo,
donde se les interrogó por separado alrededor de una hora y media cada uno.
Allí el Capitán de la Seguridad del Estado que se hace llamar Roque les
advirtió que no tolerarán las visitas a embajadas y otras actividades de su
organización, aludiendo a una visita que realizaran a la Embajada de Polonia
en La Habana por invitación del embajador de ese país. (Reinaldo Cosano
Alén, Cubanet).
El 17 de noviembre se presentó en la casa del ex prisionero político Camilo
Pérez Villanueva un agente de la Seguridad del Estado para citarlo a una
unidad de la policía ese mismo día. Durante la cita le advirtieron que de
continuar dando declaraciones acerca de la agresión de la que fue objeto su
madre a principios del mes le sería revocada la libertad condicional bajo la
que fue excarcelado. Los oficiales le dijeron que tenía que desvincularse de
toda actividad opositora si quería permanecer en la calle. (Richard
Roselló, Cubanet).
El 16 de noviembre se reportó que en el Municipio de Nuevitas, Provincia de
Camagüey, fueron detenidos los activistas Manuel Zambrano Rodríguez y
Osvaldo Navarro Pérez. La detención se produjo en la Carretera Tarafa,
cuando se dirigían hacia la casa de la presidenta de la Fundación Nuevitera
de Derechos Humanos en esa localidad. Se les ocupó una libreta en la que
tenían información sobre derechos humanos, el Proyecto Varela y una relación
de prisioneros políticos. En la estación de policía los interrogó un agente
de la Seguridad del Estado que se hace llamar Guillermo, después de
permanecer seis horas sentados en un banco de la estación. A los activistas
les levantaron sendas actas de advertencia con la amenaza de que podrían ser
enjuiciados por el delito de “peligrosidad”. (Juan Carlos Linares, Cubanet).
El 15 de noviembre el agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar
Raúl Meriño se personó frente a la vivienda de la activista del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL) Fredesvinda Hernández ubicada en el poblado rural
de López Peña en la Provincia Pinar del Río y aprovechando la ausencia de la
mujer, arrancó el logotipo del MCL y un plegable del Prpyecto Varela que se
encontraban posicionados en la puerta de la casa. La activista había
recibido varias amenazas en días anteriores para que los quitara de su
puerta. Después de ocurrir el hecho, la activista volvió a colocar los
papeles donde se encontraban. (Adrián Leiva, Grupo Decoro. Cubanet).
El 13 de noviembre fue detenido en horas de la mañana el periodista
independiente Richard Roselló, en plena vía pública y poco después de salid
de su domicilio en el Municipio de la Habana Vieja, en Ciudad de La Habana.
Lo despojaron de su carné de identidad y lo condujeron a la estación de
policía ubicada en la Calle Picota. Le recriminaron los reportajes que había
escrito sobre la agresión contra la Sra. Mirtha Villanueva, madre del ex
prisionero político Camilo Pérez Villanueva, y también sobre el homenaje en
el Municipio de Regla al balsero fallecido Luis E. Revolledo. Le informaron
que tenía abierto un expediente en fase preparatoria para aplicarle la Ley
88. (Roberto Santana Rodríguez, Cubanet).
El 10 de noviembre fueron arrestados cuatro activistas miembros del Partido
Ortodoxo y de la Asociación Pro Justicia Social en el municipio habanero de
Regla. Zenaida Ramos Becerra, Guyen Gantes Marín, Idanis del Rosario
Martínez Martín y José Manuel Tápanes Migeres fueron retenidos en la Unidad
#13 del citado municipio luego de que se plantaran frente a la estación de
policía para protestar por la detención del activista Carlos Marín Espinosa,
quien se encontraba en sus calabozos. La orden del arresto la dio el oficial
de la Seguridad del Estado que se hace llamar Capitán Eduardo. (Ana Rosa
Veitía, UPECI. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 5 de noviembre el sindicalista independiente Aurelio Bachiller Álvarez,
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Industria Ligera (SITIL), fue citado a las oficinas de Seguridad del Estado
en la Segunda Estación policial de Centro Habana, con la finalidad de
hacerle desistir de sus actividades en pro de los derechos sindicales. De
acuerdo a los informes, el agente de la Seguridad del Estado que se hace
llamar Iván Alonso Garcés le expresó a Bachiller Álvarez que no habría
tregua con cualquier actividad opositora que se realizara. (Víctor Manuel
Domínguez, Lux Info Press. Cubanet).
Ese mismo día, en la localidad de Las Tosas, Provincia de Sancti Spíritus,
el activista de derechos humanos y miembro del Partido Solidaridad
Democrática, Leunam Molina Labrada fue detenido por el Jefe de Sector de esa
localidad y llevado al centro penitenciario “El Vivac” en Sancti Spíritus.
El 23 de septiembre Molina Labrada había recibido amenazas de los cuerpos
represivos en cuanto a la aparición de carteles antigubernamentales en ese
poblado. En esta ocasión los carteles aparecieron en la madrugada del mismo
día en el que el activista fue detenido. De acuerdo a los informes de
activistas de la zona, esa misma mañana fue detenido otro activista,
Leonardo Perdigón Brito, que fue liberado al siguiente día. (Javier
Machado, Cubanacán Press. Cubanet).
El 4 de noviembre fue citado el activista Juan Carlos González Leiva, quien
cumple con una licencia extrapenal 4 años de privación de libertad de los
cuales permaneció encarcelado dos años y un mes hasta que le fue realizado
un juicio junto a otros 9 encausados en la Ciudad de Ciego de Ávila. En una
nota de denuncia, el presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos (FCDH)
afirma que un juez de instrucción del Tribunal Provincial de Ciego de Ávila
lo citó con la amenaza de revocarle la medida de licencia extra penal si no
se presentaba. Al presentarse en el lugar, le hicieron un resumen de sus
actividades opositoras desde que fue excarcelado, advirtiéndole que le
aplicarían la Ley 88 de continuar con las mismas. El activista afirma que
este mismo juez le prohibió viajar a La Habana, además la fecha y hora de la
citación coinciden con la reunión del ejecutivo de la FCDH. En días
recientes, otros miembros de la misma asociación independiente han sido
hostigados por su activismo. (Reinaldo Cosano Alén, Cubanet. Acción
Democrática Cubana. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 3 de noviembre fue amenazado el activista José Ramón Herrera Hernández,
vecino de la Calle B#2 entre A y Ce, Reparto Pueblo Nuevo, Antilla, Holguín,
por agentes de la Seguridad del Estado, quienes se presentaron en su
domicilio y amenazaron con encarcelarlo por sus actividades opositoras,
además de reconocer el peligro que corre su vida por su padecimiento
cardiovascular. Herrera Hernández es miembro del Partido Pro Derechos
Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, y representante de la
Alianza Democrática Oriental. (Agencia de Prensa Libre Oriental).
En el mes de noviembre se dio a conocer que el activista del Proyecto Varela
y miembro del Colegio de Pedagogos en el Municipio de Manicaragua, Provincia
de Villa Clara, Orestes Montelier Hurtado fue visitado en varias ocasiones
por un agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Pedro. El
activista fue amenazado con ir a prisión y su esposa fue advertida que
perdería su trabajo, por lo que tenía que decidir entre su trabajo y su
esposo. Con el objetivo de intimidar a Montelier Hurtado de no continuar con
sus actividades civilistas, el agente de la policía política le dijo que
pensara en las condiciones en las que quedaría su familia si él era
encarcelado. (Jesús Hernández Medina, Cubanacán. Cubanet).
El 28 de octubre el activista Jorge Luís Gaínza Clapé, coordinador en la
Provincia de Holguín del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro
Luis Boitel, fue citado por dos funcionarios de Inmigración para que se
presentada en dicha entidad en Holguín a 200 kilómetros de Moa, su lugar de
residencia. Gaínza Clapé, quien se encuentra realizando los trámites para su
refugio político fuera de Cuba, fue amenazado con no entregarle el permiso
de salida si continuaba sus actividades opositoras. (Agencia de Prensa
Libre Oriental. APLO).
El 18 de octubre se reportó que el activista Manuel Peña Soria, participante
de la Peña Disidente Alternativa (PEDAL) que se celebra semanalmente en el
Parque Central de La Habana fue detenido en el poblado de La Palma en La
Habana, conducido a la Unidad Trece de la PNR donde permaneció por 15 horas.
Después de esto, el activista fue montado en un automóvil y dejado en el
Municipio de Guanabacoa, casi en las afueras de Ciudad de La Habana.
(Carlos Serpa Maceira, UPECI. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 15 de octubre en el Municipio de Moa, Holguín, en declaraciones a la
Agencia de Prensa Libre Oriental, Edel Jesús Hernández Reyes, activista del
Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y de la Alianza
Democrática Oriental, quien reside en el Reparto Los Pinos de Centeno, Moa,
dijo que esta es la tercera ocasión en que policías uniformados registran su
vivienda, supuestamente buscando productos comerciales para la fabricación
de jabón, pero nunca encuentran nada. El activista opinó que no se trataba
en realidad de buscar productos ilegales sino una campaña de hostigamiento,
vigilancia y represión contra él por sus actividades en favor de los
derechos humanos. (Agencia de Prensa Libre Oriental).
En la mañana del 14 de octubre fuerzas combinadas de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado penetraron en la vivienda del
activista de derechos humanos y miembro de la Fundación Cubana de Derechos
Humanos (FCDH) Lázaro González Adán, en el Municipio de Sibanicú, Provincia
de Camagüey, y lo acusaron de un supuesto delito de desobediencia, acto
seguido lo golpearon brutalmente lanzándolo en el piso, arrestándolo
posteriormente y trasladándolo en un auto jeep hacia la Unidad de la PNR. La
información provista por un comunicado urgente de la FCDH, indica que el día
anterior, agentes de la Seguridad del Estado habían incitado a
organizaciones gubernamentales y a los vecinos de la vivienda que apedrearan
y amenazaran de muerte al activista. La esposa del mismo, Marilín Díaz
Fernández, quien es periodista independiente, fue golpeada junto al hijo de
ambos que trataba de salir de la vivienda dando gritos de horror mientras se
producía el violento arresto. De acuerdo a las declaraciones de Díaz
Fernández, el 13 de octubre dos individuos, que se identificaron como
inspectores de ornato público, le dijeron al activista que les entregara su
carné de identidad para imponerle una multa de 200 pesos porque tenía
pintada en el frente de la casa una bandera cubana, de unos sesenta
centímetros de largo, en forma horizontal en la pared, y debajo habían
escritas dos frases de José Martí: “Sólo la opresión debe temer el ejercicio
pleno de las libertades”, y la otra dice: “Libertad es el derecho que todo
hombre tiene a ser honrado, y a pensar y hablar sin hipocresía.” De acuerdo
a la esposa: “Lázaro se negó a entregarle el carné a estos supuestos
funcionarios, porque les dijo que para él no era ningún delito pintar la
bandera de su patria porque él era cubano, que él era un patriota y que José
Martí también lo era y que él había escrito eso en la pared porque era la
pared de su casa”. Esta fue la razón del arresto y encarcelamiento de este
activista, quien permanece sin juicio y bajo fuertes presiones en la Prisión
Cerámica Roja de la Provincia de Camagüey. (Marilín Díaz Fernández,
Directorio Democrático Cubano. FCDH. Reinaldo Cosano Alén. Cubanet).
El 10 de octubre miembros de la policía política desarticularon una marcha
pacífica de activistas pro derechos humanos en recordación del día en que se
comenzó la guerra de independencia cubana en el siglo XIX. Francisco Moure
Saladrigas y Miguel López Santos fueron detenidos y conducidos a la estación
de la policía ubicada en Capri en La Habana. Fueron sometidos a
interrogatorios y amenazas violentas por parte de los agentes policiales que
se hicieron llamar Gabriel y Roque (Fuente: Juan Carlos Linares, Cubanet).
El 6 de octubre fue amenazado por el oficial de la Seguridad del Estado,
Capitán Roilán, en el Municipio de Antilla, el activista Wilmer Rivas Marín,
junto a su esposa, por haber celebrado una vigilia por la libertad sin
destierro de los presos políticos cubanos, que se realiza todos los
miércoles a las 8:00 pm en diferentes casas de toda la Isla. La amenaza
consistió en decirle que se le desalojaría de su casa y serían encarcelados
los dos. (Agencia de Prensa Libre Oriental).
El 25 de septiembre el activista Yunier Fernández Martínez fue arrestado y
llevado a la unidad principal de la PNR en el Municipio de San Miguel del
Padrón en La Habana. Fue sometido a interrogatorio por el oficial que se
hace llamar Rolando, quien lo amenazó con ser encarcelado. El activista del
Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País y quien solamente tiene 21
años de edad, dijo que días después había sido citado a un policlínico del
Municipio para que se incorporara al Servicio Militar Obligatorio. (Lux
Info Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 21 de septiembre la prensa independiente reportó desde La Habana que al
activista Sergio Pastor Martínez Carrazana, miembro del Movimiento Liberal
Cubano, lo amenazaron agentes de la Seguridad del Estado por sus actividades
opositoras. En la tarde del mencionado día, Martínez Carrazana fue citado a
una estación de policía del Municipio Marianao en La Habana, donde fue
entrevistado por los oficiales de la policía política que se hacen llamar
Marlon y Richard. Entre otras amenazas le dijeron que le podían fabricar una
causa de proxenetismo, o cualquier otra de continuar sus actividades, además
le propusieron que trabajara como informante de la policía política dentro
de los grupos opositores, pues de lo contrario tenían ya preparados los
expedientes de todos los miembros del Movimiento Liberal Cubano para
procesarlos a través de la Ley 88. El joven se negó a todo esto, quedando la
amenaza pendiente. (Ariel Delgado, UPECI, Cubanet).
El 20 de septiembre el ex preso político Alfredo Alvarez Leiva, residente en
el Municipio Sagua de Tánamo, Provincia Holguín, fue amenazado con ser
nuevamente encarcelado por el Jefe de Sector de la zona, llamado Humberto
Alcides Hernández Ramírez. El agente policial le dijo que se le aplicaría la
Ley de Peligrosidad Social. “Este oficial se ha ensañado conmigo. Me ha
impuesto varias multas arbitrarias por diferentes motivos y me ha dicho que
no descansará hasta meterme preso por peligrosidad”, afirmó el ex prisionero
al periodista Juan Carlos Garcell Pérez, director de la Agencia de Prensa
Libre Oriental. (Agencia de Prensa Libre Oriental).
El 13 de septiembre cuatro agentes de la policía política detuvieron al
activista del Movimiento Democracia Oscar León Hernández en la vía pública
en la ciudad de Santa Clara, mientras se dirigía con un dolor abdominal a
una policlínica. El activista fue conducido a la Tercera Unidad de la
Policía situada a más de un kilómetro de donde fue efectuada la detención,
luego de estar detenido fue liberado y tuvo que caminar enfermo hasta la
policlínica. (Diolexis Rodríguez Hurtado-Cubanacán Press, Cubanet).
El 10 de septiembre el Movimiento Cristiano Liberación denunció la detención
del activista Adrián Cedeño Rizo quien fue arrestado en Santiago de Cuba por
el oficial de la Seguridad del Estado José A. Medina y enviado por el
Tribunal a la Sala de penados como paciente asegurado en el Hospital
Psiquiátrico San Luis de Jagua, de la Provincia Santiago de Cuba, del que es
jefe en la unidad legal del hospital el médico Dr. Orlando Lomar. La nota
afirma que “Este recurso de confinar a detenidos políticos y enviarlos a
hospitales psiquiátricos es el estilo del a represión estalinista utilizada
en los años cincuenta y que se destacó por el inhumano tratamiento a que son
sometidos los castigados con estas sentencias que les destruyen su
personalidad”. (Oswaldo Payá Sardiñas, Movimiento Cristiano Liberación.
Puente Informativo Cuba-Miami).
El 3 de septiembre se reportó que las gestoras del Proyecto Varela en el
Municipio habanero de Quivicán, Flora María Echevarría y Eric Isabel Arriera
Reinoso han sido objeto de amenazas y detenciones por parte de efectivos de
la Seguridad del Estado en esa localidad. En los días finales del mes de
julio, las activistas del Movimiento Cristiano Liberación fueron detenidas
en sus domicilios y conducidas a la Unidad de la Policía donde fueron
amenazadas por oficiales de las Seguridad del Estado. Luego de varias horas
en el recinto fueron dejadas en libertad. La situación se repitió en los
primeros días de agosto, cuando el día 3 se realizó un fuerte operativo en
ese municipio y las activistas fueron detenidas después de que la policía
política las bajó de un transporte público en el que viajaban de Quivicán a
Santiago de las Vegas. Les efectuaron minuciosos registros a sus
pertenencias, decomisándoles numerosas boletas del Proyecto Varela con
firmas recolectadas. Después de ser liberadas fueron nuevamente detenidas el
mismo día al retomar el transporte público que las llevaba hacia la Ciudad
de La Habana, siendo amenazadas de encarcelamiento de continuar en el
activismo por los derechos humanos. (Adrián Leiva, Grupo Decoro, Cubanet).
Desde principios del mes de septiembre se informa desde Holguín que decenas
de activistas y firmantes del Proyecto Varela han sido amenazados por parte
de agentes de la Seguridad del Estado, que además les han ofrecido que
firmen “actas de arrepentimiento” y que declaren que firmaron el Proyecto
Varela porque sus promotores les ofrecieron casas y dinero. Esta campaña,
según ha expresado la propia policía política a los activistas, es una orden
de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, institución a la que
le fueron entregadas miles de firmas de ciudadanos cubanos que piden cambios
sustanciales en Cuba, en mayo de 2002. Entre los visitados o citados en el
Municipio de Holguín se encuentran: Yaquelín Caboverde Navas, Carlos Javier
Cardoza Griñán, Juan Simonetti, Rolando Alfonso Reinosa, Evangelio Sánchez,
Miguel Ochoa, Nelly Bussi, Wilber Díaz Patterson. (Agencia de Prensa
Libre Oriental).
El 25 de agosto el activista del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la
Fundación Andrei Sajarov (PPDHAFAS) Lázaro Valdés Pacheco, denunció que dos
oficiales de la Seguridad del Estado, uno de ellos que se hace llamar Omar
lo visitaron en su domicilio en el Municipio de Boyeros de la Ciudad de La
Habana. De acuerdo a las declaraciones del propio activista a la prensa
independiente, lo amenazaron con tomar represalias en su contra si
continuaba con las actividades del PPDHAFAS. Al día siguiente los agentes se
presentaron en el centro de trabajo del activista, la escuela Armando Mestre,
donde labora en el área seguridad y protección. Dijeron a la directora del
plantel que ella sería la responsable de cualquier cosa que pudiera suceder
si mantenían a Valdés Pacheco en ese trabajo. (Roberto Santana Rodríguez.
Puente Informativo Cuba-Miami).
El 24 de agosto se reportó desde Santiago de las Vegas, en La Habana, que
los activistas del Movimiento de Opositores por la Nueva República Maikel
Pérez Castañeda, Maikel Hernández Ibáñez y Henry Borges Pérez junto al
activista del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei
Sajarov Humberto Núñez Torres, fueron detenidos en los calabozos de la
Unidad de la PNR de ese municipio después de haber sido citados a la misma
por el Teniente Coronel de la Seguridad del Estado que se hace llamar
Valentín. Fueron interrogados por el agente Omar de la policía política. Los
amenazaron con ser procesados, les tomaron las huellas dactilares y les
dijeron: “Si el año pasado cogimos 75, este cogemos 80”, refiriéndose a la
ola represiva de marzo del 2003. Los llamaron terroristas, y después les
dijeron que por qué no colaboraban como informantes para la Seguridad del
Estado, de acuerdo a las declaraciones de los activistas a la prensa
independiente. (Roberto Santana Rodríguez. Puente Informativo
Cuba-Miami).
Los días 19 y 20 de agosto en el poblado de San Cristóbal, Provincia de
Pinar del Río fueron citados los jóvenes activistas Lázaro Lemus González y
Alberto Hernández Suárez, promotores de las Farmacias Humanitarias
Independientes en esa región. Lemus no asistió a la citación por
considerarla verbal y no oficial, mientras que Hernández sí lo hizo, siendo
entrevistado por el Mayor de la Seguridad del Estado que se hace llamar
Jorge. El policía le advirtió a Hernández que tanto él como Lemus serían
detenidos y encausados de continuar repartiendo medicinas a través de la
farmacia independiente, y que se les procesaría a través de las mismas leyes
del grupo de los 75 encausados en abril de 2003. Hernández afirmó a la
prensa independiente que el oficial le dijo que se estuviera tranquilo o que
lo acusarían de mercenario. (Reinaldo Cosano Allen, Cubanet).
El mismo día 20 de agosto fue citada a la Unidad de la PNR del Municipio de
San Germán, Holguín, la activista del Movimiento Cristiano Liberación Digna
Domínguez Avila. Los agentes de la Seguridad del Estado que se hacen llamar
Capitán Abel Hernández y Mayor Parra la amenazaron con aplicarle la Ley 88
si continuaba con sus actividades opositoras. (Agencia de Prensa Libre
Oriental APLO).
El 13 de agosto fue detenido en el Municipio de Gibara, Holguín, el
activista Luis Miguel Gómez, miembro del Partido Pro Derechos Humanos
Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov en esa localidad. Agentes de la
Seguridad del Estado le realizaron una “última advertencia” para que
abandonara la oposición si no iría a prisión. (Agencia de Prensa Libre
Oriental APLO).
El 10 de agosto el ex prisionero político Lázaro Constantín Durán fue
interceptado por un agente de la policía cuando transitaba por las calles de
La Habana Vieja, y conducido a la Unidad de Policía Número Uno por no portar
el obligatorio carnet de identidad. Las mismas autoridades habían retirado
la identificación hace 9 años al activista a pesar de que éste la ha
solicitado en reiteradas ocasiones. (Reinaldo Cosano Alen, Cubanet).
El 6 de agosto fueron citados a la Unidad de la PNR del Municipio San
Germán, Holguín los activistas Humberto Leyva Peña del Movimiento Nacional
de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, y Wualdimiro Ortiz Castellanos
delegado provincial del Partido Liberal Democrático de Cuba. Ambos fueron
advertidos por sus actividades opositoras. El 5 de agosto habían sido
citados a la misma sede policial, el periodista independiente y ex
prisionero político Manuel González Castellanos, los activistas Manuel
Carralero Cuenca y Maité Mustelier Hernández ambos miembros del Movimiento
Cristiano Liberación, como forma de advertencia por su participación y
promoción de actividades opositoras. Fueron amenazados con aplicárseles la
Ley 88. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 2 de agosto el principal gestor del Proyecto Varela y miembro del
Movimiento Cristiano Liberación en la zona centro occidental de la provincia
Pinar del Río, Nivaldo Díaz Castellón, fue arrestado con un aparatoso
operativo en la ciudad de Pinar del Río. Dos oficiales de la Seguridad del
Estado que se hacen llamara Mario Morales y Marcos fueron los artífices de
la detención, y obligaron por la fuerza al activista a montarse en un auto
que recorrió varios puntos de la ciudad. En el trayecto Díaz Castellón
recibió amenazas que de seguir recogiendo firmas para el Proyecto Varela
sería encarcelado y encausado. De acuerdo al activista los agentes de la
policía política le dijeron que a ellos les daba lo mismo setenta y cinco
que setenta y cinco mil presos más (refiriéndose a los 75 activistas
procesados en abril de 2003). Luego de una hora montado en al auto, fue
dejado frente a un hotel de la ciudad. Durante los meses de julio y agosto,
la represión contra los activistas del Proyecto Varela se incrementó. (Adrián
Leiva, Grupo Decoro, Cubanet).
El 28 de julio fue detenida la activista Maritza Cardoza Romero, quien es
además la esposa del prisionero político Osiel Olivares Tito. La activista
fue conducida hasta la Unidad de la PNR en Moa. Dos agentes de la Seguridad
del Estado la interrogaron, proponiéndole que renunciara a la ayuda
monetaria que recibe por tener su esposo preso y que se comenzara a
informarle a la policía sobre las actividades y pasos del periodista
independiente de la zona Juan Carlos Garcell. Ante la negativa de Cardoza
Romero, los agentes de la Seguridad del Estado la amenazaron con ir a
prisión y le impusieron una multa de 30 pesos por un supuesto delitode
“desobediencia”. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
Ese mismo día, el activista del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la
Fundación Andrei Sajarov en el Municipio de Sandino, Provincia de Pinar del
Río, Lázaro Caridad Porras Vila, fue golpeado y posteriormente arrestado por
el oficial llamado Travieso de la Seguridad del Estado en el poblado Cayuco
de esa provincia. Porras Vila se había negado a abordar el carro de policía
por no tener el agente ninguna orden de arresto contra su persona, entonces
fue forzado a ello. El activista enfrenta cargos de desacato y atentado a la
autoridad, de acuerdo a los informes de René Montes de Oca Martijas,
presidente de la misma organización defensora de los derechos humanos. (Moisés
Leonardo Rodríguez, Cubanet).
El 27 de julio fue detenida la activista de la Fundación Elena Mederos
Angela Sabot Barthelemi, residente en la ciudad de Moa, Holguín. Sabot
Barthelemi fue conducida por los agentes de la Seguridad del Estado que se
hacen llamar Alexis Pérez e Iván a la Unidad de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) de ese municipio y amenazada con ser encarcelada si
seguía participando de las actividades de la Alianza Democrática Oriental.
Fue multada con 20 pesos por un supuesto delito de “desobediencia”. Ese
mismo día la activista Diosmilda Castro Cuba fue detenida y amenazada de
igual manera por los agentes ya mencionados, en referencia a su activismo en
la Alianza Democrática Oriental. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 25 de julio fueron detenidos los activistas Jorge Luis Gaínza Clapé y
Augusto Hernández de los Angeles. Fueron conducidos a la Unidad de la PNR
del Municipio Moa, Holguín, donde agentes de la Seguridad del Estado les
amenazaron con ser encarcelados si continuaban las actividades de la Alianza
Democrática Oriental. Ese mismo día fueron detenidos en Banes, Holguín
Oladio Batista y otros colaboradores de los grupos opositores en esa región
y amenazados con ir a prisión si seguían apoyando a la oposición en Banes.
(Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 24 de julio fue arrestado en su domicilio, en la Ciudad de La Habana, el
presidente del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei
Sajarov René Montes de Oca Martijas, de acuerdo a las informaciones
provistas por su esposa a corresponsales de Lux Info Press el arresto lo
llevaron a cabo dos oficiales de la Seguridad del Estado, de los cuales uno
se identificó como Omar. Después de un día y medio sin que la esposa
conociera su paradero, supo que había sido llevado a la estación de la PNR
en el Municipio de Calabazar. Montes de Oca Martijas fue liberado en octubre
de 2003, después de cumplir tres años de prisión política. (Lux Info
Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
Ese mismo día fue arrestado el activista del Movimiento de Opositores por la
Nueva República, José Díaz Silva en el Municipio de Santiago de las Vegas,
La Habana. El activista fue trasladado a la Unidad de la PNR localizada en
El Wajay, acusado de ser un terrorista y amenazado con darle una golpiza,
después fue citado a la Oncena Unidad de la PNR en Marianao, Ciudad de La
Habana, donde se le amenazó con ser encarcelado si no abandonaba su
actividad opositora. Como última medida represiva, recibió la visita de unos
inspectores de agricultura que le prohibieron tener el vivero que poseía en
las tierras que son de su propiedad, así como a reducir el número de
animales que podía criar. (Roberto Santana Rodríguez. Puente Informativo
Cuba-Miami).
El 22 de julio fueron citados a la Unidad de PNR en el Municipio de Sagua de
Tánamo en Holguín los activistas del Movimiento Nacional de Resistencia
Cívica Pedro Luis Boitel de esa zona Alfredo Alvarez Leiva y Jesús Azahares
Jiménez, la activista de la Fundación Elena Mederos Martha Corbacho Llorente
y el activista de la Fundación Cubana de Derechos Humanos José Antonio
Bárzaga Cordero. Todos fueron amenazados con hasta 25 años de prisión, como
está contemplado en la Ley 88 por su activismo en la Alianza Democrática
Oriental. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
Ese mismo día, y de acuerdo a una nota de denuncia de Oswaldo Payá Sardiñas,
líder del Movimiento Cristiano Liberación, el activista Daniel Pereira
García, delegado de esa organización en el Municipio de Palma Soriano,
Provincia de Santiago de Cuba, fue arrestado luego de un registro en su
vivienda de 3 horas de duración. El activista se encontraba inmerso en la
campaña de recogida de firmas del Proyecto Varela. En la nota se afirma que
“estas detenciones y represión inhumana que se está registrando en todo el
territorio nacional, es respuesta del régimen a no permitir más
presentaciones de firmas ciudadanas en reclamo de los derechos del Proyecto
Varela que el pueblo se ha lanzado a respaldar con determinación ante la
ausencia de una respuesta a los reclamos que se están realizando”. (Movimiento
Cristiano Liberación. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 21 de julio fue detenida en su domicilio del Municipio Moa, Holguín la
activista de derechos humanos Mirtha Legrad González, miembro de la
Fundación Elena Mederos, residente en la CalleF #13, Reparto La Playa. La
activista fue conducida por dos oficiales con su hija de 10 años de edad a
la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ante los oficiales de
la Seguridad del Estado que se hacen llamar Alexis Pérez e Iván donde la
amenazaron por ser parte de la Alianza Democrática Oriental. Ese mismo día
fueron detenidos en Banes, Holguín los activistas Martha Díaz Rondón, Oriol
Aníbal Verdecia Evora, Maiquel Verdecia, Yosvany Díaz Abreu y Ana Margarita
Cruz Batista siendo todos amenazados con ir a prisión si continuaban
realizando reuniones opositoras. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 20 de julio fueron detenidos en el Municipio de Antilla, Holguín los
activistas del Partido Pro Derechos Humanos Ignacio Mendoza Sánchez, Juan
Machado Ramírez, Duylian Ramírez Ballester, Nelson Chan Lacusaí, Ramón Matos
Durán, Víctor Ofarril Actié, Rolando Alfonso Reynosa y los colaboradores
Héctor Ramón Forés, Miguel Felicó Leiva, y Miguel Guilarte Leyva. Todos
fueron amenazados con aplicarles la Ley 88 si continuaban en la Alianza
Democrática Oriental. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 19 de julio fueron citados por la policía política en Moa, los activistas
del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel Juan Miguel
Llorente Echavarría, Juan Manuel Leiva Cortina y Alejandro Aranda Martínez
quienes fueron amenazados por separado en la oficina de la Seguridad del
Estado en la Unidad de Policía del Municipio Moa, provincia de Holguín por
los oficiales de la policía política que se hacen llamar Alexis Pérez e Iván
con ser encarcelados y aplicarles la Ley 88 si continuaban en las
actividades de la Alianza Democrática Oriental. (Movimiento Nacional de
Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, Holguín. Agencia de Prensa Libre
Oriental APLO). Ese mismo día en el Municipio Antilla fue detenido el
activista Carlos Rivas Martínez, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de
Cuba y amenazado con ser llevado a prisión si continuaba con su activismo.
De igual forma el activista Guillermo Yano Ricardo, delegado en el Municipio
de Banes, Holguín del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, fue detenido por
agentes de la Seguridad del Estado y conducido a la Unidad de la PNR de esa
localidad, siendo amenazado con ir a prisión si continuaba sus actividades
opositoras. El 20 de julio fue nuevamente detenido este activista desde la
1:00 pm hasta las 5:30 pm y conminado a que deshiciera la delegación de la
Alianza Democrática Oriental que había fundado en Banes o pendía sobre él
una causa de 30 años de prisión. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 7 de julio fueron citados a la Unidad de la PNR del Municipio de San
Germán, Holguín, los activistas de derechos humanos José Antonio Triguero,
Delio Beltrán Pupo y Rubén Reyna Cabrera por los oficiales de la Seguridad
del Estado que se hacen llamar Capitán Abel Hernández y Mayor Parra. En la
citación se les advertió que dejaran las actividades opositoras. (Agencia
de Prensa Libre Oriental APLO).
El 6 de julio fueron citados a la Unidad de la PNR en el Municipio de
Antilla, Holguín, los activistas Eliézer Consuegra Rivas y Roberto Pardiñas
Sánchez, donde les impusieron 30 pesos de multa a cada uno por un supuesto
delito de falta de respeto a un militante del Partido Comunista de Cuba que
ni siquiera fue identificado. Los activistas fueron además amenazados con
una causa por “desacato”. (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 5 de julio los activistas Alexis Triana Montesinos y José Lorenzo Pérez
Fidalgo, miembros del Movimiento Liberal Cubano fueron detenido por un
supuesto delito de “Sabotaje” al aparecer dos establecimientos del Municipio
San Miguel del Padrón en La Habana con las ventanas rotas. Ambos activistas
fueron trasladados a la Sede de Seguridad del Estado, Villa Maristas y luego
de interrogados y amenazados por varias semanas, fueron trasladados a la
Prisión Valle Grande. El 23 de septiembre Pérez Fidalgo fue liberado
provisionalmente con el supuesto delito de “Daños”, para justificar el
tiempo que había permanecido detenido, mientras Triana Montesinos continúa
en prisión sin nisiquiera habérsele realizado un proceso judicial.
(Fuente: Ariel Delgado Cobarrubias, UPECI, Cubanet).
El 4 de julio fue citado a la Unidad de la PNR del Municipio San Germán,
Holguín, el activista Nigzan Perdomo Muñoz, miembro del Partido Liberal
Democrático de Cuba, para requerirlo por sus actividades opositoras.
(Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 3 de julio el activista de derechos humanos Javier García Pérez,
residente en El Cerro, La Habana fue detenido a las 7:45 am por el oficial
de la Seguridad del Estado conocido por Ramón, y dos policía uniformados. EL
activista fue conducido a la Cuarta Estación de Policía en la Calle Infanta,
donde estuvo hasta las 6:30 pm, hora en que lo liberaron. “Me llevaron
caminando alrededor de un kilómetro y medio, me obligaron a sentarme en el
local de la carpeta, no me interrogaron, no me llevaron a la celda, sólo me
mantuvieron allí sentado. No me dieron alimento alguno en esas horas, no me
permitían irme, pararme en el portal, sólo una vez beber agua e ir al baño.
Cuando pregunté cuál era mi situación, que si estaba detenido, el oficial de
guardia me dijo que no estaba detenido pero que no podía irme. Sentado en el
duro banco de granito, era como una tortura psicológica”, explicó el
activista después del hecho. Ante sus protestas el oficial de guardia se
preguntó: “¿Qué hago contigo, por qué te tienen aquí?”. Seguidamente el
oficial hizo varias llamadas, después de las cuales lo dejó ir sin
devolverle el carnet de identidad, diciendo que se había extraviado. (Reinaldo
Cosano Allen, Cubanet).
El 2 de julio fue detenido en el Municipio Caibarién de Villa Clara, Evelio
Osmel Rodríguez Díaz, gestor del Proyecto Varela en esa región, siendo
conducido hacia la sede de la Seguridad del Estado en Caibarién. Allí fue
interrogado por el Coronel Leonel y el Mayor Fidel durante dos horas y
media, y decomisándole más de treinta boletas del Proyecto Varela y una
libreta de direcciones y números telefónicos. (Amaury Pérez Delgado,
Cubanacán Press, Cubanet).
El 1 de julio el activista de derechos humanos de Ciego de Avila Juan Carlos
González Leiva, denunció que el Juez de Ejecución Juan Enrique Balart Claro
le prohibió realizar un viaje a La Habana durante el mes de junio. González
Leiva, presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, tuvo que
solicitar el permiso al tribunal desde el 26 de junio, sin que se le
permitiera. (Ana Rosa Veitía, Cubanet).
El 30 de junio fue citado a una unidad de la policía del Municipio Boyeros
donde reside el activista René Montes de Oca Martijas, presidente del
Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. Allí
los agentes de la policía política le advirtieron que si la organización
continuaba realizando las vigilias por la libertad de los presos políticos
comenzarían una campaña de confrontación. De acuerdo al activista, uno de
los militares que lo interrogó lo amenazó afirmándole que él tenía dos
opciones o la prisión o la muerte. Montes de Oca ha sido detenido entre el 7
de diciembre de 1999 y esta fecha en más de 80 ocasiones, sin contar las
detenciones de otros miembros de su organización durante este tiempo.
(Lux Info Press, Puente Informativo Cuba-Miami).
El 25 de junio el activista del Partido Pro Derechos Humanos en Banes,
Holguín Andrés Peña Pérez, quien es pequeño agricultor, fue amenazado por
inspectores de la agricultura con 1,500 pesos de multa y la confiscación del
ganado y las tierras si no le vendía toda la leche al Estado. El activista,
como parte de su labor humanitaria, reparte leche a niños y ancianos en la
zona rural llamada Los Negritos, donde vive. Ese mismo día el activista del
Movimiento Cristiano Liberación en el Municipio de San Germán, Holguín
Rufino Peña Peña fue citado por agentes de la Seguridad del Estado para
advertirle que no continuara con las actividades opositoras. (Agencia de
Prensa Libre Oriental APLO).
El 24 de junio fue reportado que el activista de derechos humanos de Guane
Lázaro Roque Camejo, fue detenido en esa localidad luego de que aparecieran
decenas de declaraciones de derechos humanos. El oficial de la Seguridad del
Estado Yeny Iglesias Valdés condujo a Roque a la policía donde fue
interrogado, ofendido y se le achacó la distribución de las copias de la
declaración. La policía política le advirtió que no continuara participando
en actividades de derechos humanos. (Moisés Leonardo Rodríguez, Grupo
Decoro, Cubanet).
El 23 de junio en horas de la noche, en la Calle 9na #5ª, Reparto Haití
Chiquito en Moa, fue detenido el activista Jorge Luis Gaínza Clapé,
coordinador provincial del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro
Luis Boitel y amenazado con ser condenado a 25 años de prisión y el decomiso
de su vivienda si continuaba con las actividades en su casa, además de
imponerle una multa de 30 pesos. El 16 de junio Gaínza Clapé había sido
detenido por la misma razón. En esa ocasión fue conducido hasta una estación
de policía y amenazado con aplicarle la Ley de Peligrosidad Preventiva, una
multa de 1,500 pesos y hasta el decomiso de la vivienda, si continuaba
realizando en esa casa la vigilia por la libertad sin destierro de los
presos políticos cubanos. (Movimiento Nacional de Resistencia Cívica
Pedro Luis Boitel, Holguín. Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 21 de junio fue citado oficialmente en el Municipio de Moa, Holguín, el
periodista independiente Juan Carlos Garcell Pérez, director de la Agencia
de Prensa Libre Oriental (APLO). En la citación le impusieron una multa de
30 pesos por supuestamente residir de forma ilegal en ese municipio. (Juan
Carlos Garcell Pérez, APLO).
El 11 de junio el activista de derechos humanos Francisco Ferrer Columbié,
miembro del Movimiento Cristiano Liberación en el Municipio de Sagua de
Tánamo, Holguín, fue detenido en La Habana al bajarse del tren que lo
conducía desde Holguín a la capital de la Isla. Agentes de la Seguridad del
Estado lo montaron en una moto y lo condujeron hasta un lugar en las afueras
de La Habana llamado La Güinera donde lo dejaron abandonado sin
posibilidades de transportación. El activista fue amenazado con una pistola
que portaba uno de los agentes policíacos y le dijeron que lo iban a buscar
si continuaba con la oposición. Le confiscaron documentos entre los cuales
se contaban dos planillas del Proyecto Varela. (Agencia de Prensa Libre
Oriental APLO). Ese mismo día, y a sólo tres días de su excarcelación, el
activista de derechos humanos Leonardo Bruzón Ávila, denunció desde La
Habana que un oficial de la Seguridad del Estado se presentó en su
domicilio, y que al siguiente día fue conducido por el mismo oficial quien
se hace llamar Yan Santiago, y por otro llamado Aramís a una de las llamadas
“casas de visita” de ese cuerpo represivo. Allí le dijeron que bajara el
tono de sus declaraciones, que estaba haciendo demasiadas. El activista,
según pudo testimoniar a la prensa independiente les dijo que su libertad no
decía por ningún lado que tenía que permanecer con la boca cerrada. Bruzón
Avila fue detenido el 22 de febrero del año 2002 y permaneció sin juicio y
en condiciones infrahumanas en diferentes prisiones y hospitales de La
Habana hasta el 8 de junio de 2004. (Juan Carlos Linares, Cuba Verdad,
Cubanet).
El 8 de junio fueron detenidos en la Ciudad de Holguín los activistas de la
Alianza Democrática Oriental Roberto Pardiñas Sánchez y Eliézer Consuegra
Rivas impidiéndoseles viajar a La Habana y decomisándoles todos los
documentos de la constitución de la Alianza Democrática Oriental, una lista
de sus miembros y un informe de violaciones a los derechos humanos en
Holguín. Fueron amenazados con ir a prisión, no permitirles moverse del
Municipio de Antilla y finalmente multados con 1,000 pesos cada uno. (Agencia
de Prensa Libre Oriental APLO).
El 7 de junio fueron detenidos en la ciudad de Holguín el activista Luis
Miguel Gómez, delegado del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la
Fundación Andrei Sajarov del Municipio de Gibara, Holguín. Le fueron
confiscados documentos de la Alianza Democrática Oriental y se le amenazó
con ir a prisión si continuaba su activismo. (Agencia de Prensa Libre
Oriental APLO).
El 28 de mayo se informó que los activistas Jorge Luis Gaínza Clapé,
coordinador provincial del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro
luis Boitel, y Juan Carlos Garcell Pérez, director de la Agencia de Prensa
Libre Oriental APLO, en la prisión provincial de Boniato, en Santiago de
Cuba. Fueron luego conducidos en un carro policial a la Segunda Unidad de la
Policía de Santiago de Cuba, ante el Jefe de la Seguridad del Estado de esa
ciudad llamado Ramiro y otros dos oficiales. El interrogatorio duró desde
las 11:00 am hasta las 8:00 pm, cuando fueron liberados, luego de varias
amenazas de encarcelamiento. Los activistas se habían solidarizado con la
esposa del prisionero político Próspero Gaínza Agüero quien se encontraba en
protesta frente a la Prisión de Boniato, mientras su esposo realizaba una
huelga de hambre con la boca cosida. A pesar de la represión la protesta
logró su objetivo y al prisionero político le concedieron sus peticiones
(Juan Carlos Garcell Pérez, APLO). Ese mismo día en Placetas, Villa Clara,
la periodista independiente María Elena Alpízar fue víctima de acoso y
ofensas por parte de un oficial de la Seguridad del Estado en esa ciudad. El
oficial que se hace llamar Pedro, entró a una peluquería, donde se
encontraba la periodista, y comenzó a proferirle insultos y amenazas. (Ana
Leonor Díaz, Grupo Decoro, Cubanet)
El 27 de mayo fue detenido el activista del Partido Pro Derechos Humanos de
Cuba Ignacio Mendoza Sánchez en el Municipio de Antilla, provincia de
Holguín, por dos oficiales de la Seguridad del Estado uno de los cuales no
da su nombre y otro que se hacen llamar Froilán. Fue amenazado con ir a
prisión si continuaba con sus actividades opositoras. (Agencia de Prensa
Libre Oriental APLO).
El 24 de mayo, unas horas después de visitar la sede de la Fundación Cubana
de Derechos Humanos (FCDH) en Ciego de Avila, el activista Luis Martínez
Rojas fue arrestado y encarcelado en la prisión de Cerámica Roja en
Camagüey, donde la policía política le prepara una causa de “Cohecho”, de
acuerdo con el informe de la FCDH. En ese mismo informe de julio de 2004 se
afirma que los activistas: Pura Castilla Palmero, Lázaro Bosq Hinojosa, José
Carlos Morgado Hernández, Marcelo Tihert Pérez, Prudencio Nápoles Hidalgo,
Marilín Díaz Fernández, Héctor Florentino Espinosa Guevara y los periodistas
independientes Jesús Álvarez del Castillo y Reinaldo Cosano Allen han
reportado hostigamiento y amenazas por parte de la policía política en la
primera mitad del 2004. (Informe de Derechos Humanos de la FCDH, julio
2004).
El 23 de mayo un grupo de supuestos delincuentes arremetieron a golpes en
plena vía pública contra colaboradores de la agencia de prensa independiente
Lux Info Press en el Municipio de San Miguel del Padrón, Ciudad de La
Habana. Orlando Carlos García Pérez, Leudys Tito Tito y Manuel Florencio
Piedra Rivas fueron atacados y despojados de informaciones sacadas de
Internet así como de una Revista Lux. Además de ello, Manuel Florencio
Piedra fue golpeado fuertemente, los arrastraron por el suelo rompiéndole
sus anteojos. (Lux Info Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
Ese mismo día, mientras se celebraba una vigilia por la libertad sin
destierro de los presos políticos cubanos en la sede del Colegio de
Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC) en Ciudad de La Habana, miembros del
oficialista Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en esa localidad,
realizaron una reunión frente al lugar de la vigilia, donde con gritos
desaforados amenazaron con agredir a los activistas de derechos humanos que
se encontraban reunidos. La casa de la activista Soledad Riva Verdecia,
quien es además el presidente de la CPIC, Roberto De Miranda, y que a la
sazón se encontraba encarcelado cumpliendo una sanción de 20 años de
prisión, fue el blanco de las amenazas de los partidarios del oficialismo. (Soledad
Rivas Verdecia. Lux Info Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 21 de mayo la periodista independiente María Elena Alpízar fue detenida
por agentes de la Seguridad del Estado en la Ciudad de La Habana,
interrogada y deportada a su ciudad de residencia Placetas en Villa Clara.
La periodista se encontraba en La Habana alojada en la casa de la esposa del
prisionero político cubano Nelson Aguiar Ramírez, Dolia Leal Francisco, a
quien había citado la Seguridad del Estado a las oficinas municipales del
Carnet de Identidad en El Vedado. Las dos mujeres asistieron a ese lugar, y
a Leal Francisco se le impuso una multa de 500 pesos cubanos, y a Alpízar la
trasladaron a una estación de policía, donde la interrogaron por largas
horas produciéndole una crisis de hipoglicemia. A las 7 de la noche fue
liberada, tras imponerle una multa de 200 pesos y advertirle que debía
presentarse antes de 72 horas en la terminal de ómnibus y trenes para
trasladarse a Placetas. (Ana Leonor Díaz, Grupo Decoro, Cubanet).
En la misma fecha, los activistas de derechos humanos Diolexis Rodríguez
Hurtado y David Díaz Oliver fueron detenidos en horas de la mañana en
lugares diferentes de la ciudad de Santa Clara. Rodríguez Hurtado fue
interceptado por tres oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
cuando viajaba en un vehículo de regreso a Santa Clara procedente de
Placetas, quienes lo detuvieron y le confiscaron documentos de la
organización de derechos humanos que él representa. Los oficiales le
advirtieron que se mantuviera en su domicilio hasta que fuera citado
oficialmente.. Mientras esto ocurría, cuatro oficiales del Departamento de
Seguridad del Estado de Villa Clara detuvieron en la Terminal Intermunicipal
de Santa Clara a Díaz Oliver, cuando se dirigía hacia el poblado de Santo
Domingo. El activista fue conducido en un auto de la policía política a las
afueras de la ciudad donde le incautaron una mochila con documentos y le
informaron que recibiría una citación oficial. (Belkis Rodríguez Bravo,
Cubanacán Press)
Además, ese mismo día 21 de mayo, la activista de derechos humanos María de
los Angeles Méndez Villalta fue visitada por dos oficiales de la Seguridad
del Estado en su domicilio de La Habana para que no asistiera a la misa por
los presos políticos en la Iglesia de Santa Rita en esa ciudad, pues ésto le
impediría abandonar la Isla. Los tenientes de la Seguridad del Estado que la
visitaron se hacen llamar Diana y Leo. (Richard Roselló, Cubanet).
El 17 de mayo tres jueces del Tribunal Municipal de Ciego de Avila,
presidido por el licenciado Juan G. Balart Claro, Juez de Ejecución
acompañado por representantes de varias de las organizaciones políticas y de
masas del gobierno, se personaron frente a la vivienda del activista de
derechos humanos Juan Carlos González Leiva para llevar a cabo una
“presentación de sancionados”, ya que el activista extingue una sanción de 4
años de prisión en su domicilio, después de permanecer dos años en prisión
sin que se le celebrara juicio. “Es como un segundo juicio público, como una
segunda sesión del tribunal en la que piden a esas organizaciones presentes
su cooperación para la vigilancia y control en el cumplimiento por mi de los
22 meses que restan a la sanción. En ese acto público frente a mi casa, al
que no acudí porque me mantuve encerrado, se levantó un acta de compromiso
que firmaron los presentes, excepto mi familia y yo que nos negamos a
firmarla [...] Para mí ese acto es como un chantaje, una denigración de la
persona, y nos tiene en un constante temor, pensando siempre en qué puede
suceder”, señaló González Leiva a la prensa independiente en la Isla después
del incidente. (Reinaldo Cosano Alen, Cubanet).
El 3 de mayo el matrimonio de periodistas independientes Ana Rosa Veitía y
Ernesto Roque fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado en su
domicilio, y conducido a la Unidad policial de la Calle Picota en La Habana
Vieja. La detención se produjo en las primeras horas de la mañana, minutos
después de que sus hijos salieran hacia la escuela. Los periodistas fueron
interrogados por separado por los oficiales conocidos como Manuel, Moisés y
otro agente de nombre desconocido. Durante la sesión, según señaló Veitía,
los oficiales le manifestaron que ella y su esposo no querían a sus hijos ya
que continuaban practicando el periodismo independiente. En otros ocasiones
les han dicho que de ser encarcelados sus hijos se convertirían en “hijos de
la patria”, institución estatal que acoge a los niños huérfanos. (Farah
Armenteros, UPECI, Cubanet)
El 24 de mayo la Dra. Idania García Quesada, miembro de la Fundación Cubana
de Derechos Humanos fue arrestada violentamente en el terminal de ómnibus
del Municipio Amancio Rodríguez de la provincia de Las Tunas.
El 28 de abril la Seguridad del Estado detuvo al activista Dagoberto
Quintana Rodríguez, miembro del Movimiento Democracia, en la ciudad de Santa
Clara cuando esperaba fotos de actividades que había ordenado revelar en el
estudio de la corporación Trimagen. Los policías le pidieron el carnet de
identidad y esposándolo fue conducido a la Tercera Unidad de la Policía.
Durante el interrogatorio fue amenazado y chantajeado por los represivos con
mostrarle las fotos a los activistas para decirles que Rodríguez se las
había entregado. (Diolexis Rodríguez Hurtado, Cubanacán Press).
El 27 de abril el activista Francisco More Saladrigas, del Movimiento
Rescate de la Libertad y la Democracia en el Municipio de Marianao, Ciudad
de La Habana, reportó que se había presentado el Capitán Cedeño, agente de
la Seguridad del Estado y Jefe de la 6ta Unidad de Policía de Marianao para
advertirle que no participara en la actividad a realizarse el 28 de abril en
el barrio La Güinera, y lo amenazó con celebrarle un juicio estilo los de la
causa de los 75 activistas procesados en abril de 2003. El hermano de
Francisco fue amenazado anteriormente por el mismo oficial. (Plantados
hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 21 de abril un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado penetraron
en horas tempranas de la mañana en el domicilio del activista Javier Carmona
Cevallos, miembro de la organización independiente Hermanos Fraternales por
la Dignidad en el Municipio de Santiago de las Vegas, en La Habana. El
activista fue detenido y trasladado a la Unidad de la PNR de esa localidad.
En comunicación telefónica con la organización exiliada Plantados hasta la
Libertad y la Democracia en Cuba, el activista narró: “En una oficina me
amenazaron fuertemente, advirtiéndome que el gobierno prepara una recogida
masiva de opositores, similar a la de marzo del 2003, entre las cosas que me
plantearon fue que sí seguía participando seria llevado a prisión
por largos años y las mismas amenazas de siempre contra nosotros los
opositores pacíficos”.
El 16 de abril la periodista independiente Farah Armenteros, fue detenida en
su domicilio en la Ciudad de La Habana y fue llevada a una casa de detención
de la Seguridad del Estado en un lugar desconocido. Permaneció bajo arresto
e interrogatorio desde la 9:00 am hasta las 4:00 pm de ese día. Días antes,
se reportó la misma arbitrariedad contra los periodistas independientes Juan
Carlos Linares y Richard Roselló. (Lux Info Press. Puente Informativo
Cuba-Miami).
El 12 de abril fue detenido el delegado en Provincia Habana del Partido Pro
Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov Luis González
Medina. Durante la detención fue intimidado mostrándole un video en el que
se veían activistas de la organización entrando y saliendo de su vivienda,
así como se podía ver el momento en el que el activista denunció el robo de
pólvora y otros pertrechos en unidades de la zona, información que el
activista dio a conocer públicamente como muestra de la corrupción que
existe en la Isla a nivel gubernamental y militar. El 7 de mayo su esposa,
la Sra. Marina Barceló fue citada a la policía para decirle que tratara de
que su esposo no siguiera activo en la oposición pues con todas las pruebas
que tenían en su contra lo podían procesar y enviar a la cárcel por largos
años. (Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Puente
Informativo Cuba-Miami).
El 10 de abril, una vigilia que activistas del Partido Ortodoxo de Cuba
habían planeado para este día en recordación de tres jóvenes fusilados un
año atrás por querer abandonar la Isla, fue considerada un “acto de
terrorismo” por agentes de la Seguridad del Estado en el Municipio de Regla,
en La Habana. El día 9 de abril en horas de la tarde fue citado el activista
Pedro Pablo Valdés Monterrey, ex prisionero político y uno de los promotores
de la vigilia, a la sede de la policía política en el mencionado municipio,
donde el Capitán Eduardo y el Mayor Osmany le señalaron que esa actividad
era un acto terrorista, amenazando con “levantar en peso” a todo el que
asistiera y llevar a un albergue a la dueña de la casa donde se realizaría
el evento. (Ernesto Roque Cintero, Cubanet).
El 1 de abril el miembro del sindicato independiente de Bicitaxis Maikel
Orlando Vargas Guizado fue golpeado y arrestado por dos policías de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) después que los gendarmes lo acusaron
de transportar a un extranjero en su triciclo, que de acuerdo al
sindicalista estaba vacío. Los policías le exigieron que le entregara la
billetera para confirmar que no tenía dólares, y al negarse fue empujado
contra una pared y golpeado en el cuello con el bastón de policía lo que le
hizo perder el conocimiento. Fue trasladado en esas condiciones a la Unidad
de Policía de las calles Cuba y Chacón, multado con 30 pesos y le
decomisaron su triciclo, única forma con la que Vargas Guizado se gana la
vida. (María López, Lux Info Press, Cubanet).
El 25 de marzo la activista del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank
País, Ada Kaly Márquez, fue citada a la estación de policía del Reparto
María Luisa, Municipio San Miguel del Padrón en Ciudad de La Habana, donde
le fue retirado su carné de identidad, y la enviaron a la estación central
del ferrocarril donde agentes de la policía política la obligaron a abordar
un tren hacia la Ciudad de Guantánamo, lugar donde reside la activista.
Anteriormente, la activista había recibido amenazas de que si seguía
asistiendo a la misa por la libertad de los presos políticos en la Iglesia
de Santa Rita en la capital cubana, sería sancionada a varios años de
prisión. (Lux Info Press. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 22 de marzo los órganos policiales de la ciudad de Placetas en Villa
Clara impusieron una multa de 400 pesos al activista de derechos humanos
Francisco Becerra Vázquez luego de que una pequeña fundición por cuenta
propia donde trabajaba fue confiscada por el gobierno y multados sus
obreros. El activista denunció que no le permiten trabajar en ningún lugar
producto de sus actividades en defensa de los derechos humanos. El propio
policía que le impuso la multa le dijo que no era él el que no lo dejaba
trabajar sino el gobierno, a lo que Becerra le contestó: “El gobierno que Ud.
Representa”. (Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel.
Carta de Francisco Becerra a las autoridades de Placetas).
El 13 de marzo fue detenido a las 7:00 am en su domicilio sito en Celia
Sánchez Manduley #33, en vísperas de la inauguración de la Biblioteca
Independiente “Wenseslao Aguilera Feria”, el activista Eliézer Consuegra
Rivas para impedir esta actividad. Estuvo detenido alrededor de 8 horas bajo
intenso interrogatorio y amenazas por el oficial de la Seguridad del Estado
que se hace llamar Licea, quien prometió que si había un conflicto entre
Estados Unidos y Cuba, sería el primero en dispararle a la sien al activista
por ser un provocador. (Alianza Democrática Oriental, Holguín. APLO).
El 26 de febrero, la policía política de la Provincia de Holguín, citó a
varios activistas sindicales, entre los que se cuentan: César Román Ramírez,
delegado provincial de Conferederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
(CONIC). Los hijos de este activista han sido amenazados en varias ocasiones
con ser despedidos de sus centros laborales. El activista fue amenazado de
muerte si continuaba con sus actividades. La activista Magalys Pareta Reyes,
secretaria general del Sindicato de Artesanos Libres, fue intimidada con ir
a prisión y se le decomisaron varios artículos personales. El activista
Francisco Damián Vidal, le fue decomisado, entre otros efectos un teléfono
celular. (María López, Lux Info Press).
El activista sindical independiente Héctor Pachá García, calificó de
coacción y chantaje el procedimiento represivo que le aplican los
funcionarios de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el
Municipio de Isla de la Juventud (Isla de Pinos) investigando la procedencia
de los materiales para la confección de puertas y ventanas, según informó la
prensa independiente en esa región el 24 de febrero. Asimismo la Seguridad
del Estado ha visitado a Pachá García en varias ocasiones para amenazarlo
con cerrarle su taller de soldadura si no abandona las actividades
sindicalistas. (Carlos Serpa Maceira, UPECI, Cubanet).
El 19 de febrero se informó que la periodista independiente María Elena
Alpízar denunció que era objeto de una campaña de hostigamiento por parte de
la Seguridad del Estado, valiéndose de enfermos mentales y amenazas de un
jerarca del Partido Comunista en Placetas, Villa Clara. Luego de dos meses
en La Habana adonde se trasladó por asuntos personales, la periodista del
Grupo Decoro y de la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling, retornó a su
hogar para encontrar a un primo hermano con problemas mentales muy alterado,
que la conminó irse de su propia casa y a quitar los carteles religiosos de
la puerta de la vivienda. Esta actitud fue el resultado de las amenazas
contra el familiar de la activista realizadas por el miembro provincial del
Partido Comunista y del Comité de Defensa de la Zona, Emilio Pérez Zumaquero,
individuo que en el pasado había tratado de agredir físicamente a la
periodista. (Ana Leonor Díaz, Grupo Decoro, Cubanet).
El 23 de enero, la señora Gregoria Corrales Borges, madre del prisionero
político Luis Campos Corrales, fue amenazada telefónicamente con relación a
la integridad física de su hijo. La denuncia fue realizada por la activista
Belkis Bárzaga Lugo, del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País,
organización independiente que había realizado desde la casa de Corrales
Borges una llamada telefónica con el Movimiento Revolucionario 30 de
Noviembre radicado en el exilio. La amenaza contra la madre del prisionero
político se realizó producto de haber permitido esta llamada desde su casa,
y la misma le produjo una hipertensión muy aguda con altas consecuencias por
su padecimiento de diabetes. (Belkis Bárzagoa Lugo, Cubanet).
Ese mismo día se conoció que la periodista independiente María López junto a
su hija Idaima Paz de 16 años de edad, fueron agredidas físicamente al salir
de un cine en el Municipio Habana Vieja en la capital de la Isla. La
agresión por parte de un hombre de cerca de 30 años le provocó a la
periodista una herida de 12 puntos de sutura en el abdomen, y un esguince en
el pie derecho a la joven y varios hematomas e inflamación en la boca,
cuando intentó defender a su madre. (Cubanet).
Con igual fecha se reportó desde el Municipio Playa en La Habana, que dos
agentes provocadores de la Seguridad del Estado se presentaron en el
domicilio del activista y gestor del Proyecto Varela Luis Enrique González
Robira-Pelegrín, con el objetivo de perturbar a la madre del mismo, la Sra.
Celsa Robira-Pelegrín. Los agentes se hicieron pasar por gestores del
Proyecto Varela y comenzaron a distorsionar en la conversación los
verdaderos objetivos de esta iniciativa ciudadana, lo que llamó la atención
de la señora, dándose cuenta de quiénes eran, les reafirmó su participación
en la firma del proyecto y los sacó de su casa. Una semana antes, a González
Robira-Pelegrín había sido golpeado en plena vía pública por dos personas
que dijeron se miembros de los cuerpos paramilitares llamados Brigadas de
Respuesta Rápida, y cuya misión es reprimir cualquier manifestación
antigubernamental. (Cubanet).
El 12 de enero, se informó que el opositor pacífico Alfredo Pérez Hernández,
vecino de Donato Mármol #54 A, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, está
siendo acosado por la policía política de la zona, recibiendo amenazas de
ser encarcelado si no se retira de las actividades opositoras, de acuerdo al
Capitán de la Seguridad del Estado que se hace llamar Amado Novoa. (Cubanet).
El 11 de enero el activista Félix Rivero Cordobí, delegado de la
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) en el Municipio
de Bayamo, Provincia Granma fue citado por la policía política y le efectuó
un interrogatorio de 3 horas de duración en la Unidad Municipal de la
Policía y fue dirigido por un nuevo oficial de la contrainteligencia que se
hace llamar La O. Al activista se le impuso un acta de advertencia,
amenazándolo con enjuiciarlo con el delito de “Desorden Público” si
continuaba participando en actividades contestatarias, además de prohibirle
la visita de otros activistas a su casa. (Lux Info Press).
El 3 de enero, en el Municipio Songo la Maya de la Provincia de Santiago de
Cuba, el activista Antonio Alonso, cooperativista independiente, fue citado
a la sede de la policía política de la zona por el oficial Garcell Serrano,
quien le manifestó que había sido designado por el alto mando para acabar
con la cooperativas independientes, y que para empezar quedaban prohibidas
las reuniones, seminarios y cualquier curso de capacitación cooperativa.
Agregó que el gobierno había decidido acabar de una vez y por todas con la
oposición. (Antonio Alonso, Cubanet).
II- Juicios y sanciones a activistas de derechos humanos.
El 11 de diciembre al activista de derechos humanos, miembro del Partido
Paz, Amor y Libertad y el Colegio de Pedagogos Independientes en Colón,
Matanzas, Juan Carlos Bueno Artola, lo expulsaron de su centro laboral en la
Empresa de Recuperación de Materias Primas en esa zona por considerarlo “no
confiable”, de acuerdo a las informaciones dadas por el propio activista a
la prensa independiente. Bueno Artola es el único sostén de su familia, y
había sido expulsado del sistema escolar de Cuba en 1992 por considerarlo
opuesto a la ideología oficial. (Roberto Santana Rodríguez. Cubanet).
El 9 de diciembre el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana le
ratificó la condena a los activistas del Movimiento Liberal Cubano, Alexis
Triana Montesinos y Lorenzo Pérez Fidalgo, de 3 años y 4 meses de prisión,
respectivamente, por el supuesto delito de “daños a la propiedad estatal”.
De acuerdo a la familia, la fiscalía solamente presentó un testigo que se
retractó en la vista oral del mismo, por lo que solamente los juzgaron por
una declaración que bajo presión y durante fuertes interrogatorios de la
Seguridad del Estado, habían sido obligados a firmar. (Ernesto Roque
Cintero, UPECI. Cubanet).
El 2 de diciembre se pudo conocer que el Tribunal Municipal de Ranchuelos,
Villa Clara, condenó a un año y cuatro meses de prisión al activista de
derechos humanos y miembro del Partido Liberal Democrático de Cuba Daniel
Orlando Gómez Osés. El activista fue condenado a cumplir su sanción en un
régimen correccional sin internamiento debido a problemas cardíacos que le
impiden estar internado en una prisión. (Félix Reyes, Cubanacán Press,
Cubanet).
El 25 de noviembre el ciudadano cubano Atila Sáez Romero, residente en
Placetas, Villa Clara, fue condenado a dos años de prisión por el Tribunal
Municipal de Placetas por el supuesto delito de “desacato a la figura de
Fidel Castro”. Sáez Romero es un joven de 23 años que abiertamente ha
criticado la política del gobierno de Cuba, y por ello es considerado un
opositor político. Al finalizar el juicio se produjo una discusión verbal
entre el acusado y el presidente de la sala. Por ese motivo, el 3 de
diciembre se conoció que había sido sancionado a un año adicional de
privación de libertad por los supuestos delitos de desacato al tribunal y a
la policía. La información fue provista por la activista de derechos humanos
Bertha Antúnez Pernet, desde esa ciudad. (María Elena Alpízar, Grupo
Decoro, Cubanet).
El 19 de octubre el Tribunal Popular Municipal de Regla, en Ciudad de La
Habana sentenció a 6 meses de prisión al activista de 50 años Miguel López
Santos, quien había sido detenido el 10 de octubre. López Santos fue
condenado por el supuesto delito de “desacato a la policía”, después de
tratar de participar junto con otros activistas de una marcha pacífica
conmemorando el día de inicio de la Guerra de Independencia de Cuba.
(Juan Carlo Linares. Cubanet).
El 29 de septiembre el Tribunal Popular Municipal de Camajuaní, Villa Clara
juzgó y condenó a 8 meses de prisión al activista René Montes de Oca
Martijas, presidente del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la
Fundación Andrei Sajarov. Montes de Oca fue notificado del juicio la tarde
del jueves 24 de septiembre, pocas horas después de solicitar un certificado
de sanción en el tribunal de Camajuaní, donde se quejó del precio del
documento, informó Manolo Sarduy, del Movimiento Cubano Reflexión. René
Montes de Oca fue juzgado por el delito de desacato al tribunal. (Marvin
Hernández Monzón, Cuba Press. Cubanet. Lux Info Press. Puente Informativo
Cuba-Miami).
El 29 de junio el Tribunal Municipal de Ranchuelo sancionó a 2 años y 6
meses de privación de libertad, más una multa de 200 pesos, al activista de
derechos humanos Alfredo Luis Limonta Rodríguez, del Movimiento Democracia
en Villa Clara. El activista fue acusado de los supuestos delitos de
“Atentado, Resistencia y Desacato a la Figura del Comandante en Jefe”. Según
el propio activista, el juicio fue de carácter sumario, impidiendo la
presencia de familiares y testigos de la zona Cuchilla Esperanza donde éste
reside. Limonta Rodríguez fue detenido el 18 de marzo por tres agentes de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR). (Belkis Rodríguez Bravo, Cubanacán
Press).
El 16 de junio en la ciudad de Santa Clara, se celebró la vista oral del
juicio contra el activista Fernando Sánchez Cuellar, en el Tribunal Popular
Municipal de esa ciudad. El activista, miembro del Partido Pro Derechos
Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov fue sentenciado a una multa
de 600 pesos, por los supuestos delitos de “desobediencia y resistencia”.
Sánchez Cuellar había sido interceptado el 4 de abril de 2003, frente al
Palacio de Justicia Provincial donde se celebraban los juicios sumarios a
cinco activistas de la causa de los 75, por dos agentes de la policía
política vestidos de civil, que le pidieron su carné de identidad. Al ellos
no identificarse como policías, el activista se negó a entregarles su
identificación, entonces fue forzado a entrar en un carro patrullero para
ser conducido a la Tercera Unidad de la Policía donde permaneció detenido
por siete días sin que su familia conociera su paradero. (Javier Machado,
Cubanacán Press, Cubanet).
El 24 de mayo la activista Odalmis Hernández Márquez, de 34 años fue
condenada a 2 años y 6 meses de Trabajo Correccional sin Internamiento por
el Tribunal de Ciego de Avila. El Tribunal Municipal Florida-Camagüey citó a
la activista para explicarle la sanción impuesta, como parte de la Causa 66
del 2002, de la que son parte otros 9 activistas. (Reinaldo Cosano Allen,
Cubanet).
El 18 de marzo el activista de derechos humanos Eliézer Consuegra Rivas fue
expulsado de su centro de trabajo Instituto Nacional del Deporte (INDER) en
el Municipio de Antilla, donde ejercía como profesor de baloncesto.
El 22 de enero el activista de derechos humanos Felipe Alberto Laronte
Mirabal, miembro del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación
Andrei Sajarov fue sancionado por el Tribunal Popular Municipal de San José
de las Lajas a un año de prisión por el supuesto delito de “peligrosidad”.
De acuerdo a fuentes dentro de la Isla, el activista se destacaba por su
defensa de los derechos humanos en esta zona, y había sido amenazado en
varias ocasiones de ser encarcelado si no abandonaba estas actividades. Fue
llevado a la Prisión de Quivicán en la Provincia Habana. (Partido Pro
Derechos Humanos Afiliado a la FAS. Fundación Patria Libre. Puente
Informativo Cuba-Miami).
El 16 de enero al sindicalista independiente Gregorio González Bravo, quien
se dsempeñaba como chofer de taxi por cuenta propia desde el año 1999 le fue
negada la renovación de su licencia de trabajo por manifestar ideas en
contra de la revolución, de acuerdo a las informaciones provistas por el
activista sindical William Toledo Terrero, de la Central Sindical Cristiana.
El taxista había sido requerido en varias ocasiones por expresar su
desacuerdo con los mecanismos implementados contra los trabajadores por
cuenta propia. La fuente indicó que un funcionario de la Oficina Nacional de
Administración Tributaria ONAT nombrado Reinel León le dijo a González que
“los hombres que no tienen ideas revolucionarias no pueden laborar dentro de
la revolución”. (Cubanet)
III-. Represión contra familiares de activistas de derechos humanos.
El 8 de diciembre se conoció que las autoridades del Ministerio de Educación
en la provincia de Cienfuegos le negaron la posibilidad de estudio a la
joven Tarahaumara Medina García, hija del activista de derechos humanos en
esa zona Juan de Dios Medina. La joven de 21 años de edad es técnico medio
en hotelería, pero no pertenece a ninguna de las organizaciones de masa del
gobierno, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) y además su padre es ex prisionero político, por
estas dos razones el director de la Escuela de Idiomas de la ciudad de
Cienfuegos le negó la posibilidad de estudiar inglés para avanzar en sus
estudios de hotelería y turismo. Asimismo se informó que a su padre se le
niegan todas las posibilidades de empleo por su activismo. (Richard
Roselló, Cubanet).
El 3 de noviembre a las 6:00 pm, la señora Mirta Villanueva Almeida, de 68
años de edad y madre del ex prisionero político y activista Camilo Pérez
Villanueva, fue brutalmente golpeada en el frente de su domicilio en la
Ciudad de La Habana por el ex agente de la Seguridad del Estado, Luis
Batista Tamayo. Su hijo informó al Puente Informativo Cuba-Miami que en
ocasiones anteriores el mismo sujeto había proferido insultos contra su
madre, pero que en esta ocasión seguido de la agresión verbal se inició una
agresión física provocándole cuatro fracturas en la pelvis, la cadera, la
clavícula y una costilla. La señora tuvo que ser trasladada al Hospital
Fructuoso Rodríguez del Municipio Vedado en esa ciudad donde permaneció
ingresada por 4 días. El agresor fue puesto en libertad 48 días después de
consumar el hecho sin que hasta el momento de terminar este informe se haya
dado curso a la denuncia presentada por la familia ante las autoridades
pertinentes. (Camilo Pérez Villanueva. Puente Informativo Cuba-Miami).
El 10 de octubre la esposa del activista recientemente encarcelado René
Montes de Oca Martijas, la seíora Esther Germán Valdés fue detenida en su
casa en Ciudad de La Habana por dos oficiales de la Seguridad del Estado y
llevada a unas oficinas en el Jardín Botánico Nacional donde la mantuvieron
con amenazas y advertencias hasta las 12:00pm. La señora explicó que pensaba
que esta detención se debía a su intención de participar a nombre de su
esposo encarcelado en una actividad del Partido Pro Derechos Humanos
Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, la cual éste preside. (Puente
Informativo Cuba-Miami).
En la noche del 2 de octubre fue apedreada en la ciudad de Santa Clara la
casa de los activistas Carlos Martínez Yera y Magalys Suárez Martínez,
miembros del Movimiento Democrático Cristiano de Cuba, y de la Confederación
Obrera Nacional Independiente (CONIC). El matrimonio se encontraba con su
pequeño nieto en la sala del hogar y estuvieron a punto de ser lesionados
por las piedras lanzadas contra su balcón. Hasta el momento solamente se
sabe que los autores materiales del hecho son parte de una campaña de la
Seguridad del Estado contra esta familia. (Miguel Tejeda Tenorio,
Cubanacán Press, Cubanet
El 24 de septiembre fue remitida con urgencia al Hospital Provincial de
Holguín la señora Luz Marina Artigas Torres, esposa del activista de
derechos humanos Eliézer Consuegra Rivas. Artigas Torres, con siete meses de
embarazo fue hospitalizada al presentar un cuadro de aborto debido al
hostigamiento y amenazas de las que estaban siendo víctimas ella y su
esposo, después de varios días de una campaña por parte de las autoridades
de hostigamiento hacia los activistas firmantes del Proyecto Varela en el
Municipio de Antilla. Miembros de la Seguridad del Estado enviaban
constantemente mensajes a Eliézer de que sería encarcelado y condenado a 20
a veinte año de prisión, lo que mantuvo a su familia bajo terror por varios
día. Agentes de la policía policía política pasaban en moto apuntando con la
mano hacia el hogar de esta familia.
La esposa de Eliézer estuvo cerca de quince días con peligro para su vida
y la del bebé. (Alianza Democrática Oriental. APLO). Los días 27 y 28 de
septiembre tres agentes de la Seguridad del Estado de Holguín se personaron
en la casa de Laudelino Consuegra Leiva, tío del activista de derechos
humanos Eliézer Consuegra Rivas, situada en la calle Martí #14, en el
Municipio de Holguín, y le dijeron que Eliézer era un agente de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), y que en la Embajada
(de Estados Unidos) le habían dado la misión de captar agentes en todo el
oriente del país. Que la Seguridad del Estado tenía orden de detenerlo y
encausarlo con una larga condena, pero que si Eliézer dejaba la oposición,
ellos lo dejarían tranquilo, y que el culpable de que su esposa estuviera
hospitalizada era el propio Eliézer. El 29 de septiembre agentes de la
Seguridad del Estado le indicaron a Laudelino Consuegra Leiva, que
comunicara a su sobrino que debía presentarse en el Departamento de
Seguridad del Estado del Municipio de Antilla, y que el 2 de octubre debía
presentarse en el Departamento de Inmigración del mismo Municipio. Todo este
hostigamiento lo padecieron el activista Eliézer Consuegra Rivas y su
familia, mientras su esposa se encontraba hospitalizada. (Alianza
Democrática Oriental. APLO).
El 6 de agosto y el 20 de junio el joven Wilmer Peña González, hijo del
activista de derechos humanos en San Germán, Holguín, Rufino Peña Peña, fue
citado por el Capitán de la Seguridad del Estado que se hace llamar Abel
Hernández para amenazarlo y decirle que pagaría por las actividades que
realiza su padre/ (Agencia de Prensa Libre Oriental APLO).
El 15 de julio se conoció que la hija del activista de Santa Clara, Miguel
Tejeda Tenorio, Dayli Tejeda Herrera, estudiante de tercer año de
Licenciatura en Química, fue expulsada de la Universidad Central de las
Villas, por ser hija de “contrarrevolucionarios”, según informó el propio
Tejeda Tenorio. (Lux Info Press, Cubanet).
El 2 de junio fue detenida la Sra. Daysis Santos, esposa del activista de
derechos humanos y miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la
Provincia de Pinar del Río, Nivaldo Díaz Castellón. Fue sacada de su
domicilio y llevada a una unidad de la policía en el Municipio de Briones
Montoto, donde fue interrogada por un oficial de la Seguridad del Estado,
según informó a la prensa independiente el propio activista. El jefe de
Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llamado Hugo Correa se
personó en la vivienda y obligó a Santos a que lo acompañara, dejando a su
hija menor en la sola en la vivienda. El interrogatorio fue dirigido por un
oficial de la Seguridad del Estado que se hizo llamar Marcos. El oficial le
comunicó a la señora que si Nivaldo no se retiraba de la campaña por el
Proyecto Varela sería condenado a 20 años de prisión. Después de tres horas,
la esposa del activista fue liberada. Nivaldo Díaz Castellón es hijo de un
ex prisionero político, y su familia es una de las tantas familias que en la
década de los años sesenta fueron sacadas de la zona central de Cuba y
reubicadas en la Provincia de Pinar del Río, en lo que se llamaron “pueblos
cautivos” ya que estas familias no podían salir de las zonas asignadas.
(Adrián Leiva, Grupo Decoro, Cubanet).
El 15 y 16 de abril, la vivienda ubicada en la ciudad de La Habana donde
reside el activista Henri Saumell Peña fue el blanco de varios ataques con
botellas de heces fecales y orina. Saumell Peña es el presidente del
Movimiento Alternativa Republicana, y en días anteriores a esta agresión
había celebrado en su vivienda la reunión constitutiva de dicho movimiento,
donde según el activista se gritaron vivas a la libertad, la democracia y
los derechos humanos. Los autores del hecho no han sido identificados y las
autoridades de la zona han hecho caso omiso a las denuncias del activista en
referencia al suceso. (Ernesto Roque, Cubanet).
El 6 de abril, el joven Emilio Quintero Consuegra, hijo de la activista del
Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el Municipio de Minas, provincia de
Camagüey, Graciela Consuegra. El joven fue detenido bajo presuntos cargos de
“tenencia de carne de res”, una de las tantas prohibiciones que el gobierno
de
Cuba impone a sus ciudadanos. De acuerdo a la activista, este producto
solamente se puede conseguir en las tiendas que venden en dólares. El 17 de
enero, el domicilio de Emilio había sido sometido a un minucioso registro
buscando carne de res, pero la policía no pudo hallar nada.Los días 1 y 5
de abril, la vivienda de la activista fue apedreada súbitamente sin poderse
determinar quién lo hizo. (Moisés Leonardo Rodríguez, Grupo Decoro,
Cubanet).
El 8 de marzo, la joven Jeisy Martín Martínez, hija de la Vicepresidente de
la Asociación Pro Justicia Social en el Municipio de Regla, La Habana, fue
golpeada por un policía que se interpuso en una discusión acalorada entre la
joven y una mujer uniformada de paramilitar. Jeisy Martín fue conducida a la
unidad de policía del municipio de Regla, donde permaneció por dos días. (Santiago
du Bouchet, UPECI, Cubanet)
Directorio Democrático Cubano
P.O. Box 110235, Hialeah, FL. 33011
Tel: 305-279-4416
Fax: 305-279-0488
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